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Nada hay más ajeno a la cultura de los Derechos Humanos que la privación de libertad de personas que no han cometido delito alguno y vienen a nuestro país buscando un mejor horizonte de vida. Los lugares donde esto se produce, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), son agujeros negros en el Estado de Derecho. Nuestra voluntad es terminar con el sufrimiento que generan. Junto con otros municipios, expertos académicos y organizaciones de derechos humanos, solicitamos al Gobierno de España —que es el competente para ello— el cierre de todos los CIE y, en concreto, del ubicado en nuestra ciudad, en Aluche.

Además, en Madrid queremos ir más allá de la denuncia sobre la ilegalidad e inmoralidad de los CIE. Por ello, en tanto su cierre se produce, proponemos la adopción de una serie de medidas que garanticen los derechos de las personas internas y cumplan con la legalidad internacional que establece que el internamiento ha de ser, como último recurso, una medida excepcional. Así es también como la legislación española concibe esta figura, algo que hoy dista mucho de ser real.

En el documento Madrid y los Derechos Humanos: la responsabilidad de las ciudades frente a los CIE, elaborado por el Ayuntamiento con aportaciones de entidades sociales, desarrollamos una estrategia basada en tres momentos: antes, durante y tras el internamiento. En primer término, pretendemos reducir el número de personas que ingresan en el centro. Medidas como informes de arraigo de las personas afectadas, facilidades de empadronamiento, viviendas y todo un conjunto de recursos municipales que, puestos a disposición de los jueces, servirían para evitar la orden de internamiento.

En segundo término, queremos contribuir a que, de resultar irremediable, la estancia en el CIE sea de la menor duración y con la mayor garantía de derechos posible. De ahí que solicitemos a sus responsables el permiso para que personal del Ayuntamiento acceda al centro para realizar el seguimiento de la situación de los internos, ofrecerles asistencia, garantizar su derecho a la salud y comprobar las condiciones de habitabilidad del centro. Finalmente, el trabajo solo terminará con la inclusión social de la persona tras su salida. Recuperarse de la estancia en el CIE, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad, requiere de una ayuda material y psicológica que el Ayuntamiento está dispuesto a proporcionar.

Desde nuestra creencia en el cierre de los CIE y el principio de colaboración institucional ofrecemos al Gobierno este plan integral alternativo al internamiento por sistema. En su mano está sentarnos a analizarlo, mejorarlo y poner fin al sufrimiento de tantas personas que hoy no contemplan otro horizonte que el de la puerta cerrada del centro.

Mauricio Valiente es el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

Artículo en El País.

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