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Carlos Sánchez Mato hace historia al conseguir señalar la corrupta gestión de Gallardón con las ilegales obras de Calle 30, con la aprobación del dictamen de la #ComisiónCalle30.

https://elsaltodiario.com/m-30/ayuntamiento-de-madrid-declara-obra-m30-ilegal-gallardon-responsable

La Comisión de Investigación de la M-30 ha celebrado su última sesión en la que se han leído las conclusiones y recomendaciones. Todos los partidos políticos han aprobado, con excepción del Partido Popular, que se ha abstenido, declarar ilegales las obras de la M-30 por la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental.

Según las conclusiones de la Comisión, “obviar la preparación de dicho estudio fue totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007”, y que la elaboración de esos estudios podría haber supuesto la alteración de los proyectos e incluso la negativa a ejecutar alguno de ellos si su impacto ambiental no justificaba la ejecución de los mismos.

Para la Comisión y el equipo de gobierno actual existen unos responsables claros: el ex alcalde del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, y su equipo de gobierno por “un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitación de los proyectos y gestión administrativa de los mismos lleno de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control y en el que, las mejoras que llevaron a ser adjudicataria a la sociedad EMESA, no eran controladas ni supervisadas”.

Otras de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión es que el modelo de gestión de sociedad mixta, respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima y fue ruinoso para las arcas municipales.

La investigación también ha puesto de manifiesto que las certificaciones de obra no siguieron una tramitación transparente, existiendo numerosas anomalías. Que existían certificados de obra que no responden a lo realmente ejecutado, partidas alzadas a justificar sin ningún tipo de justificación e importes certificados con variaciones en la certificación final o proyectos que no fueron ejecutados pero sí abonados, entre otras muchas irregularidades.

El control de la obra por el socio privado

EMESA, la empresa participada por Ferrovial y el grupo ACS y que posee el 20% de Madrid Calle 30, designaba el director gerente y, según la investigación, todas personas que han ocupado dicho cargo están íntimamente ligados laboralmente a Ferrovial, por lo que evidencia un conflicto de intereses ya que, Madrid Calle 30, es la encargada de supervisar el cumplimiento del contrato de EMESA. Prueba de ello se pudo ver en las auditorías amañadas por el equipo de Ana Botella que ya publicó El Salto. La ocultación de los datos a los partidos de la oposición y a la ciudadanía también han sido demostrado por la Comisión.

Ahora Madrid quiere remunicipalizar la M30

La principal recomendación sacadas de las conclusiones es la remunicipalización de Madrid Calle 30 “volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura”. Esta recomendación ha sido votada a favor por el grupo de gobierno de Ahora Madrid, pero también por PSOE y Ciudadanos.

Además, se plantea iniciar la tramitación de un nuevo pliego para la licitación del nuevo contrato de conservación de la infraestructura que garantice los mecanismos de control y supervisión adecuada, y una auditoría rigurosa centrada en el grado de cumplimiento del contrato y subrogar el personal de atención a incidencias y emergencias puesto que suponen una parte fundamental de la correcta explotación de la infraestructura.

Mientras se realiza esta remunicipalización, se recomienda hacer una completa auditoría de las certificaciones de obra, una ambiental, de los sistemas de gestión y auditoría y solicitar al socio privado, en la vía judicial que proceda, que facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la empresa privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30.

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