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El Ayuntamiento de Madrid tiene las cuentas más que saneadas: registra superávit de más de 1.000 millones de euros y reduce la deuda a buen ritmo (más de 2.000 millones desde que llegó Ahora Madrid al gobierno); y todo ello al mismo tiempo que ha incrementado en los dos últimos años la inversión en infraestructuras un 102% y la inversión social un 74%.

Sin embargo, no ha cumplido ni en 2015 ni en 2016 la Regla de Gasto, que es un criterio creado a partir de la modificación del artículo 135 de la Constitución y que impide el crecimiento del gasto por encima de un nivel determinado, con independencia de que el Ayuntamiento tenga las cuentas saneadas y tenga dinero en su cuenta bancaria para poder gastar. El objetivo de la Regla de Gasto es que el dinero sobrante que no puede ser gastado sea utilizado para pagar deuda de forma anticipada.

Esos incumplimientos han sido utilizados por el Ministerio de Hacienda para imponer medidas coercitivas, consistentes en recortar todo el gasto que según la Regla de Gasto era excesivo.

El Ayuntamiento cumplió las medidas coercitivas pero encontró atajos legales para compensar los recortes, concretamente a través de las conocidas como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que permiten incrementar la inversión sin afectar a la Regla de Gasto.

Sin embargo, el Ministerio endureció su posición, denunció en los tribunales esos atajos, y e impuso nuevos recortes que exceden por mucho lo contemplado en la Regla de Gasto. Fue un movimiento claramente político que excede la normativa, que sólo se ha realizado con el Ayuntamiento de Madrid, y que tiene el objetivo de torpedear el proyecto ejemplarizante de Ahora Madrid.

El Ayuntamiento ha realizado una parte de los recortes exigidos para 2017 porque la proximidad del final del ejercicio facilitaba las cosas y no se han puesto apenas en riesgo las políticas del gobierno.

Sin embargo, los recortes exigidos para 2018, realizados desde el primer día del año, no podrían pasar desapercibidos y comprometerían gravemente los compromisos del gobierno. El total de recortes exigidos supera los 533 millones de euros, lo que dejaría el presupuesto en un 21% inferior al presupuesto previsto para 2018, un 12,87% inferior al presupuesto de 2017, y un 7,7% inferior a lo que previsiblemente ejecutaremos en 2017.

Como hay muchos gastos comprometidos que no pueden ser recortados (gasto de personal, pago de la deuda, contratos blindados, etc), el recorte se concentraría necesariamente en inversiones y en transferencias corrientes (subvenciones, ayudas a familias, etc). El recorte en inversiones sería de unos 328 millones de euros, lo que dejaría el esfuerzo inversor de 2018 en el más bajo en décadas: 101 millones de euros que en realidad se quedarían en 38 millones tras el pago obligatorio por una sentencia en contra del Ayuntamiento (por actuaciones pasadas del PP). En 2016 y 2017 el presupuesto para inversiones superó los 300 millones.

Pero Carmena ha dicho que esos recortes se compensarán con IFS como se hizo en 2017.

Las IFS suponen una fórmula excepcional que solo sirve para determinadas inversiones como obras para mejorar infraestructuras, reparar edificios municipales o comprar autobuses, pero no sirven para obras de construcción nueva (escuelas infantiles o centros de mayores) ni para compra de mobiliario. Además, las IFS sólo pueden aprobarse tras la liquidación del presupuesto (al menos febrero) y siempre que haya un marco legal recogido en los Presupuestos Generales del Estado (hoy por hoy el marco no existe). Por último, las IFS tienen que ejecutarse antes de que finalice el año, al menos parcialmente. Aunque el Ayuntamiento tendría 900 millones para hacer IFS, debido a todas estas limitaciones y a las complicaciones logísticas, difícilmente se podrían llegar a ejecutar más de 200 millones en 2018 (en 2016 se ejecutaron 99 millones y en 2017 raramente se ejecutarán más de 100). En definitiva, las IFS no resuelven el problema, solo lo maquilla.

Carmena también ha dicho que el pacto con el Ministerio permitirá que se desbloqueen las IFS que paralizó la justicia

Es solo parcialmente cierto. Actualmente hay 272 millones en obras paralizadas preventivamente por la justicia, pero en el caso de que se desbloquearan, solo 152 millones podrían continuar, ya que el resto no han podido iniciarse y la ley impide que en ese caso puedan trasladarse al año 2018. Es demasiado tarde para reparar las heridas. Además, la retirada de los recursos judiciales impide que la Justicia pueda posicionarse sobre la actuación discriminatoria e injusta del Ministerio. Con este pacto sólo gana Montoro.

Carmena insiste en que, como el Ayuntamiento de Madrid no es capaz de ejecutar todo el presupuesto, siempre sobra dinero a final de año, por lo que los recortes no afectarán apenas al Ayuntamiento

Que a final de año no se ejecute todo el presupuesto no quiere decir que se pueda prescindir de un presupuesto bien dotado. Todos los proyectos y todas las obras necesitan tener presupuesto para poder licitarse y adjudicarse, independientemente de que el último día del año el proceso no se haya finalizado por completo y sobre algo de dinero. Si no hay suficiente presupuesto las obras no se pueden iniciar porque es condición indispensable tener y “apartar” ese dinero para ello, aunque a final de año no se haya utilizado toda la cantidad apartada.

Carmena argumenta que hay muchos ayuntamientos que están bajo la tutela del Ministerio y que Madrid es el único que ha llegado tan lejos en la batalla contra Montoro

Algunos ayuntamientos como Barcelona están tutelados pero no por el Ministerio, sino por la Generalitat de Cataluña, que está siendo mucho más permisiva y flexible que el organismo dirigido por Montoro. Lo que éste le está exigiendo al Ayuntamiento de Madrid excede por mucho lo recogido no sólo en la propia ley sino en las instrucciones del Ministerio de Hacienda. Están intentando lograr un castigo ejemplarizante, que no tiene parangón en ningún otro sitio, por lo que representa Madrid. Por eso el recorte que exigen es tan drástico y perjudicial. Realizarlo nos deja en peor situación que el resto de ayuntamientos tutelados.

Carmena alega que a pesar de los recortes el Ayuntamiento de Madrid tendría suficiente presupuesto para llevar a cabo buena parte de sus compromisos

Es cierto que el presupuesto no se queda a 0 y el Ayuntamiento no se detendrá. Pero el problema es de expectativas: se han prometido muchísimos cambios y mejoras en los barrios de Madrid porque se contaba con un presupuesto expansivo, y tras los recortes se tendrá un presupuesto inferior en un 21% a lo necesario para dar cumplimiento a todos los compromisos. Por lo tanto, no se podrá realizar todo lo prometido ni mucho menos y eso cabreará a vecinos y supondrá un regalo para los partidos de la oposición, que llevan un año criticando que el Ayuntamiento no está ejecutando todo lo que ha prometido.

No había ninguna necesidad de realizar un plan económico financiero que recoja en 2018 recortes tan lesivos para la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento estaba cumpliendo con la medidas coercitivas del Ministerio sin provocar muchos daños, y precisamente por eso es probable que acabe cumpliendo la Regla de Gasto en 2017. El Ayuntamiento podría esperar a que finalice el año para ver si finalmente se cumple ese criterio, porque de ser así el Ministerio ya no tendría ningún argumento técnico para arremeter contra el gobierno de Ahora Madrid y éste podría elaborar un presupuesto expansivo para 2018 que permitiera cumplir todos los compromisos políticos. Y, aunque no fuera así y se produjese un incumplimiento de la Regla de Gasto, se habría ganado tiempo para que la normativa cambie, ya fuese gracias a la Proposición de Ley de Unimos Podemos o a la modificación del Impuesto de plusvalía, en la que se podría modificar la Regla de Gasto y así exonerar de todos sus pecados al Ayuntamiento de Madrid.

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