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“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

Por Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón*

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector. A su vez, cada uno de los dos fenómenos viene explicado por varios factores.

Por el lado de la demanda, ésta se ha incrementado por muchos motivos.

1) El elevado nivel de pobreza que existe en nuestro país incluso en el colectivo de los trabajadores (según la OCDE el 14,8% de los trabajadores son pobres, récord en la Unión Europea) conlleva que una buena parte de la población no tenga posibilidades de acceder a la compra de una vivienda y no le quede más remedio que acudir al alquiler.

2) La baja concesión de créditos hipotecarios que están llevando a cabo las entidades bancarias en nuestro país (el saldo hipotecario se ha reducido desde máximos un 20% y las condiciones para recibir una hipoteca se han endurecido).

3) Las ayudas al alquiler que ha aprobado recientemente el gobierno, que lejos de resolver la situación la agravan aún más porque incrementan la demanda del alquiler sin afectar a la oferta, provocando mayor presión sobre los precios. Hay estudios que señalan que el 75% de las ayudas públicas concedidas a los arrendatarios suelen acabar en el bolsillo de los arrendadores a través de incrementos en el precio del alquiler.

4) También es de destacar el importante proceso de emigración que se está produciendo desde las zonas rurales y pequeñas y medianas localidades (con menores oportunidades de formación y de trabajo) a las grandes urbes (con mayores oportunidades) en un contexto de elevado desempleo; algunos ejemplos paradigmáticos lo conforman Cádiz, Valladolid o León, que están perdiendo población a ritmos frenéticos. El resultado de los tres factores es que cada vez más personas demandan vivir en alquiler en zonas muy concretas.

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