Izquierda Unida publica el listado de contratos menores de la Comunidad Madrid
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– Estudia emprender medidas legales a la vista de que la administración autonómica publica sus adjudicaciones de manera opaca e incompleta. Podría considerarse una vulneración de la normativa de publicidad y transparencia

 – El listado exhaustivo publicado por Izquierda Unida podría dar indicios de fraccionamiento en los contratos de la Comunidad de Madrid, una práctica ilegal

 – Se detecta una acumulación significativa de contratos para los mismos adjudicatarios.  Así hay empresas que acumulan más de 49.000 contratos menores en dos años y medio y personas particulares que llegan a los 2.951 contratos.

Descargar nota de prensa

Izquierda Unidad de Madrid publica el listado completo de contratos menores realizados por la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y diciembre de 2017. La liberación de esta información, que puede ser consultada y analizada libremente, se produce después de comprobar que la administración autonómica publica estos datos de manera opaca e incompleta.


Tarde, incompleto y en formato inaccesible

Hasta enero de 2017 la Comunidad de Madrid no publicó en su Portal de Transparencia los contratos menores realizados por las diferentes conserjerías. Lo hizo tarde, pues todas las administraciones tenían obligación de proporcionar estos datos desde 2015. Y lo hizo a medias, puesto que únicamente publicó los contratos menores adjudicados a partir de julio de 2015.

Además fueron publicados en un formato difícilmente accesible y manejable, lo que dificulta aún más el acceso a la información y una adecuada fiscalización. La obtención de esos datos debe ser ágil y accesible al tratarse de información pública y sin embargo en el caso de la Comunidad de Madrid requieren un proceso de elaboración y tratamiento que lleva muchas horas y requiere algunos conocimientos específicos de la materia.

La opacidad en los datos y las dificultades para su obtención constituyen un caldo de cultivo ideal para la ocultación de irregularidades. Es por ello que Izquierda Unida Madrid realizó el trabajo de descargarse todos los contratos menores y reunirlos en una tabla con criterios unificados, que permita la consulta rápida y la comprobación de datos. Es esa tabla la que pone ahora a disposición de toda persona interesada.

49.000 contratos para una misma empresa

El trabajo de descarga y compilación ha permitido asimismo detectar serios indicios de fraccionamiento. Hay empresas que han recibido contratos por más de 73 millones de euros o que acumulan más de 49.000 contratos menores adjudicados en únicamente dos años y medio. Es especialmente llamativa la acumulación de contratos menores de personas físicas llegando a acumular, la misma, hasta 2.951 menores por importe de más de 673.000 euros.

Además el objeto de algunos contratos se repite casi 50.000 veces, lo que ha llevado a Izquierda Unida Madrid a plantearse la necesidad de emprender medidas legales para esclarecer la legalidad de los mismos.

Uso abusivo de contratos menores

Desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 ha llevado a cabo 1.273.406 contratos menores con un importe total de 1.987.221.899 euros, muy por encima del nivel de otras comunidades autónomas y administraciones (supone en torno al 15% del total de contratación cuando, por ejemplo en Cataluña es del 8% y en el Ayuntamiento de Madrid del 0,4%).

Los contratos menores no se rigen por licitación abierta y sólo se pueden utilizar para contrataciones de importe reducido. Es una fórmula de contratación legal siempre y cuando sea de carácter excepcional o no previsto y que no sirva para sortear otros modelos de contratación sujetos a normativa de publicidad y concurrencia.

Hay indicios de que los contratos menores son usados para incurrir en fraccionamiento cuando una contratación de importe elevado que acorde a la ley tendría que regirse por una licitación abierta, se desguaza y se convierte en varios contratos con importes más reducidos, logrando así evitar la competencia con otras empresas. Eso está expresamente prohibido en la legislación. De hecho, la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor el 1 de enero de 2018 recoge nuevas y más estrictas limitaciones para evitar el fraccionamiento del contrato.

A la vista de que se repiten tantas veces los mismos objetos de contratos y las mismas empresas de suministros ese fraccionamiento parece posible en le caso de la Comunidad de Madrid. El caso más llamativo es el de los suministros sanitarios, que muy probablemente tendrían que haberse contratado a través de pliegos generales y no mediante compras menores y de difícil trazabilidad.

 

 

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