La línea 7 del Metro de Madrid, ‘modus operandi’ del Partido Popular

Opacidad, amaños, gestión ruinosa e inauguraciones con paellas para 2000 personas. Este es el resumen de la gestión de infraestructuras del Partido Popular durante décadas en la Comunidad de Madrid.

Artículo de Sol Sánchez en eldiario.es

La simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política se lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que perjudican a la clase trabajadora.

La inversión presupuestaria conlleva una enorme responsabilidad para aquellas personas encargadas de dotarla económicamente y materializarla en proyectos que apuesten por una mejora de nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra forma de relacionarnos y de avanzar hacia una sociedad equilibrada, justa y sostenible.

Las decisiones en torno a los proyectos de infraestructuras de una región no sólo determinan la forma en que se desarrollará la misma, sino que comprometen presupuestariamente una importante cantidad de dinero en su ejecución y en su posterior conservación.

Es por esto que deben ser decisiones estudiadas, debatidas, transparentes y que supongan un cambio hacia un modelo de región sostenible tanto en su aspecto económico como, de manera más importante, en el medio ambiental.

La política de infraestructuras de la Comunidad de Madrid durante la última década ha estado marcada por 3 rasgos muy alejados de los objetivos mencionados. Por el contrario han estado centradas fundamentalmente en los siguientes aspectos:

– Búsqueda de objetivos electorales que obligan a que los plazos se ajusten al calendario político comprometiendo en ocasiones la seguridad.

– Sobrecostes desmesurados que han llegado a triplicar el coste inicial previsto de la infraestructura.

– Opacidad absoluta tanto de los proyectos adjudicados, como de su verdadero coste de ejecución y mantenimiento.

Las recientes noticias acerca de la financiación ilegal del Partido Popular, además de haber propiciado el primer cambio de gobierno en democracia a través de una moción de censura, han corroborado lo que todas conocíamos de antemano: las adjudicaciones y los compromisos en infraestructuras de los gobiernos del Partido Popular esconden tratos de favor a grandes empresas y financiación encubierta bajo una Caja B que ha quedado perfectamente acreditada. Esta simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política se lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que ahogan a la clase trabajadora.

Son innumerables los ejemplos que podríamos detallar en la Comunidad de Madrid siguiendo al dedillo la metodología implantada en todo el estado por el Partido Popular: la ejecución y posterior gestión de la M45, con enormes sospechas de una adjudicación amañada, costes inflados y sin duda alguna de un modelo de gestión ruinoso para todas las madrileñas; el metro ligero que supone otro capricho electoral de la era Gallardón cuyo sobrecoste sufrimos ahora todas las madrileñas con otro modelo de gestión absolutamente ruinoso; el tren de Móstoles a Navalcarnero, otro sistema de concesión ideado por Esperanza Aguirre y por el que la constructora OHL (me resulta familiar..) reclama 371 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, hay un ejemplo aún más clarificador del modelo de infraestructuras con el que los gobiernos de la Comunidad de Madrid arruinaron la región con objetivos electorales: la ampliación de la línea 7 de metro, el llamado “Metro Este” que ahora necesita una nueva obra de rehabilitación, un nuevo problema para los vecinos de la zona en su movilidad y un nuevo derroche de dinero público por una penosa gestión.

Las obras de prolongación fueron divididas en 3 tramos, adjudicando dos de ellos a Dragados (también me resulta familiar…) y siendo ejecutadas entre 2003 y 2007. Las obras sufrieron un cambio repentino de trazado incorporando, además, 2 estaciones adicionales y encareciendo la inversión inicial alcanzando más de 645 millones de euros. Como es costumbre para las inversiones en infraestructura del Partido Popular, las obras se inauguraron 15 días antes de las elecciones del año 2007 (¿casualidad?). Sin embargo, sólo unos meses después ya se estaban planteando las primeras reparaciones. Las primeras de una lista de reparaciones que se sucedieron en el año 2008, 2011 (por partida doble), 2014, 2015, 2016, 2017 y, de nuevo, el próximo verano.

El principal problema que presenta el túnel es que justo en uno de los puntos donde se modificó el trazado con la obra ya en marcha, hay una elevada concentración de halita, es decir sal altamente soluble que, ante una presencia de agua mayor de lo esperada en los supuestos informes geotécnicos y geológicos, provoca una rápida disolución con la consecuente problemática para la estabilidad del túnel. Esta sal, además, se filtra entre las dovelas del túnel provocando enormes depósitos de sal en el interior del túnel.

Pese a que la asamblea de Madrid ha solicitado de manera reiterada los informes necesarios para poder llevar acabo el repentino cambio de trazado, éstos nunca se han presentado y todo parece indicar que no realizaron las investigaciones geológicas y geotécnicas necesarias para garantizar una correcta solución técnica. Máxima opacidad, modus operandi made in PP. La entrada en el blog de Nación Rotonda da explicaciones más detalladas de los problemas que se han generado por no realizar un estudio detallado de la obra.

De lo que sí se aseguraron es de celebrar la inauguración con una paella, bombo y platillo para 2000 personas (obviamente, en plena campaña electoral). También forma parte de su modus operandi.

Nuevas impermeabilizaciones millonarias, inyecciones en el terreno para consolidar el terreno y evitar mayores desastres que han supuesto prácticamente un nuevo túnel por fuera del existente, obras de emergencia, cierres de la línea de metro durante meses prácticamente cada año, graves problemas en las viviendas de los vecinos cercanas a las zonas problemáticas del túnel, son los precios que ahora debemos pagar entre todas por su penosa gestión de las infraestructuras de Madrid centradas en el beneficio electoral y en adjudicar contratos a sus empresas afines.

Las obras de rehabilitación de la línea 7 nos han supuesto ya más de 25 millones de euros adicionales. Cada año anuncian que ese será el último en que la línea 7b será cerrada por obras. Pero la realidad es que desconocen cuándo se solucionará ya que no conocen la extensión de los lagos hipersalinos próximos al túnel. ¿Cuánto durarán esta vez las obras? En 2015 cerraron de urgencia durante un año para intentar solventar el problema, de manera definitiva, nos dijeron.

Es el momento de aportar por una gestión transparente en la que se publiquen los proyectos ejecutados para la ciudad, se expliquen sus problemas y se compartan las soluciones sin engañar continuamente a las madrileñas. Es el momento de abandonar el expolio de la derecha madrileña por su pésima gestión de las inversiones, no sólo en infraestructuras, si no en todos los aspectos bajo su competencia. Es el momento de planificar nuestra región bajo proyectos participados, eficientes y sostenibles, trabajando con escrupulosidad técnica y garantizando que cada euro que se invierta irá encaminado a mejorar la vida de todas nosotras. Es el momento de abandonar las políticas centradas en réditos electorales, en contentar a las grandes constructoras y empezar a atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía, a la que debe sustentar digna y lealmente nuestra región. Es nuestro momento. Ahora la Comunidad.