Izquierda Unida insta al gobierno a abandonar el acuerdo entre ADIF y DCN para la Operación Chamartín

• Izquierda Unida presenta una Proposición No de Ley instando al Gobierno a no renovar el contrato entre ADIF y DCN que finaliza el próximo 31 de agosto.
• Se insta al gobierno a alcanzar un acuerdo entre las administraciones estatal, autonómica y local que garantice el uso social y la titularidad pública de los terrenos.
• Alquiler social asequible, dotaciones sociales y espacios verdes son algunas de las necesidades del entorno.

Izquierda Unida insta al nuevo gobierno del PSOE a través de la presentación de una Proposición No de ley ante el Congreso a no renovar el acuerdo entre ADIF y DCN, que pone el suelo público al servicio de intereses privados, y que caduca próximamente. En su lugar propone abrir negociaciones con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para tramitar un nuevo acuerdo conforme a las necesidades reales del distrito y de la ciudad.

De este modo se conseguirá avanzar hacia un plan centrado en el reequilibrio territorial, el urbanismo sostenible y el fomento de la vivienda pública en régimen de alquiler, avanzando en los planteamientos que Izquierda unida considera fundamentales para abordar esta operación urbanística:

• Retirada del proyecto Madrid Nuevo Norte y finalización del acuerdo entre ADIF y DCN que deja en manos privadas el futuro de nuestra ciudad.
• Conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales.
• Priorizar la solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno.
• Combatir la burbuja inmobiliaria construyendo mayoritariamente vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles.
• Equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas.
• Desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, en línea con las propuestas vecinales.
• Trasladar el modelo al resto de la ciudad, abandonando el modelo insostenible de desequilibrio norte-sur promovido por la derecha durante décadas.

El uso de la riqueza del país en favor del interés general y el derecho a la vivienda están recogidos en la constitución vigente (artículos 128 y 47), así como en la legislación de la Comunidad de Madrid (artículos 31.b, 131 y título V de la Ley del Suelo). Sin embargo, el actual proyecto Madrid Nuevo Norte tiene como objetivos el cambio de titularidad del suelo a manos privadas para la construcción de edificios de oficinas y viviendas de lujo.

El gobierno estatal del PP ha levantado muros para impedir que los ayuntamientos del cambio tuvieran éxito. Su caída abre la puerta a revertir esta situación y situar las políticas públicas, incluido el urbanismo, al servicio de la mayoría social y de sus necesidades.