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La especulación inmobiliaria ha llegado a tal punto en nuestros barrios que las vecinas y vecinos de Madrid tienen cada vez más complicado acceder a una vivienda digna o seguir viviendo en sus casas. Mientras unos pocos especulan con la vivienda, muchas veces en connivencia con los poderes públicos, los derechos sociales de la mayoría se ven pisoteados.

Como consecuencia de las subidas de los precios de venta y alquiler de vivienda en Madrid, cada vez hay más trabajadoras y trabajadores fuera del mercado de la vivienda y sin poder acceder a ella. A esto también contribuyen las ayudas que reciben las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Mientras, las ayudas al alquiler de vivienda sólo sirven como gasolina para el aumento de los precios.

Sólo en el último año, en Madrid ha subido un 20% el precio del alquiler, y varios distritos están acusando ya una pérdida evidente de población. Vecinos y vecinas son hostigados y acosados por empresas y fondos buitre para abandonar sus viviendas o afrontar subidas astronómicas en sus alquileres.

Paralelamente, el número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) se ha multiplicado de la mano de fondos buitre, empresas que compran edificios enteros y plataformas como Airbnb. Tanto, que en Madrid hay ya más de 16.000 pisos, apartamentos y habitaciones de alquiler en Airbnb. El Distrito Centro, uno de los más afectados por la turistificación, tiene 8.500 apartamentos ofertados en la plataforma. Esto implica que hay ya una plaza turística por cada dos vecinas y vecinos.

Para frenar esta situación, además de potenciar la organización, colaboración y lucha entre vecinas y vecinos, las instituciones deben tomar medidas como estas:

  • Regular las VUT, limitando el máximo número de días de alquiler por año, así como el máximo de VUT que puede haber no sólo en un barrio o distrito. También en un mismo edificio.
  • Aumentar el número de viviendas públicas de alquiler
  • Retirar las ayudas a las SOCIMI
  • Aumentar otra vez el plazo mínimo de los contratos de alquiler, de 3 a 5 años.
  • Subir la presión fiscal sobre las viviendas vacías (aproximadamente el 15% del total de las que hay en España).
  • Limitar las VUT que puede haber en un mismo edificio.
  • Creación de un Observatorio de la Turistificación para hacer un seguimiento de las VUT en Madrid

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