Documento de propuesta de confluencia – Ahora la Comunidad

Documento de propuesta de confluencia

Ahora la Comunidad

Estamos en un momento decisivo para la ciudadanía y la clase trabajadora madrileña. El ciclo político abierto en 2010 por las huelgas generales, las Marchas de la Dignidad, las mareas y el 15M marcaron un punto de inflexión que cristalizó, en su vertiente electoral, en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 a través de las llamadas Candidaturas de Unidad Popular. El impulso de unidad en la izquierda se cimentó sobre sólidas bases de participación popular, democracia radical y programa construido desde abajo.

Desde entonces, se ha perdido parte de aquel impulso, de aquella ilusión popular por transformar realmente nuestras condiciones materiales. En cierto modo, la próxima convocatoria de mayo de 2019 definirá la continuidad de ese proyecto político frente a una ola reaccionaria que, en caso de consolidarse, cerraría la crisis de representación por el lado más autoritario y regresivo. Ante este reto, IU de Madrid entiende que es absolutamente imprescindible recuperar la naturaleza fundacional de aquellas candidaturas y trasladarla a la región. Para ello, hemos venido manteniendo reuniones y encuentros con los diferentes actores de la izquierda en nuestra Comunidad.

Con este documento, y de forma humilde, IU Madrid hace una propuesta metodológica y de contenidos para desbloquear la actual situación política y comenzar a construir un espacio político amplio y participado para salir a las elecciones autonómicas y municipales a luchar contra la derecha y a transformar la región de Madrid y sus barrios y pueblos. La voluntad es una vez lanzado el documento, que todos los actores políticos aporten al mismo y, una vez alcanzados unos acuerdos mínimos, seguir construyendo consensos con todos aquellos agentes que compartan esa vocación transformadora y de derrotar a las derechas. Este documento pretende ser un punto de partida para construir en común, para ganar Madrid para la clase trabajadora y las capas populares.

 

Propuestas metodológicas

  1. Avanzar en torno a consensos comunes: No es posible desbloquear la actual situación política en debates abstractos o de confrontación entre organizaciones y personas. La unidad no puede ser una consigna abstracta, es preciso que determinemos en qué cuestiones coincidimos y cuales pueden generar disenso, para poder construir propuestas políticas conjuntas.
  2. Apostar por procesos netamente democráticos: Para resolver la actual situación es primordial que todos los actores políticos transformadores estemos abiertos a la participación de amplios sectores populares en la elaboración de este espacio político. Un proceso que trascienda el marco de cada organización y que no se limite a acuerdos regionales sino que tenga su correlato en las bases. Los procesos democráticos deben referirse a los tres ámbitos de trabajo:
  3. Programa: Nos referenciamos en el espacio común de elaboración programática Hacer Madrid, por haber sido concebido y desarrollado por todas las organizaciones políticas a la izquierda del PSOE, y apostamos por la continuidad de los trabajos junto a movimientos sociales y activistas. Este programa debe tener carácter vinculante para todas las partes y constituir un verdadero contrato para con la ciudadanía.
  4. Candidaturas: Para desbloquear la elaboración de las candidaturas y permitir la elaboración colectiva de las mismas y preservar la pluralidad, en los casos de desacuerdo deben celebrarse primarias proporcionales.
  5. Funcionamiento del espacio: Las normas de construcción del espacio, el desarrollo de la campaña y el método de trabajo posterior, así como la resolución de posibles conflictos, deben ser elaboradas conjuntamente, sin imposiciones o voluntad de preponderancia de ninguna organización política.
  6. En caso de no alcanzarse unidad total, respeto entre organizaciones: Si este proceso de debate colectivo no fuese capaz de generar un único espacio transformador para la región de Madrid, es necesario comprometerse firmemente a que no se irá a una confrontación constante entre los distintos espacios. Apostamos por cesar el fuego cruzado y nos comprometemos a que, en caso de competición electoral, pondremos por delante las necesidades del pueblo madrileño, apostando por una coordinación posterior a las elecciones para echar a las derechas de los gobiernos autonómicos y municipales.

 

Propuestas políticas

  1. Dotarnos de fórmulas jurídicas que respondan a las necesidades: Consideramos que la fórmula jurídica óptima para todas es la coalición electoral, puesto que permite la incorporación de una pluralidad de organizaciones y evita conflictos posteriores respecto a las marcas y a la titularidad de las mismas. La coalición electoral es además la fórmula que permite asociar este espacio regional a los acuerdos de ámbito estatal.
  2. Construir espacios plurales: El principio de autonomía de las organizaciones participantes debe regir todas aquellas cuestiones que no hayan sido previamente acordadas. El programa y las normas de funcionamiento acordadas serán vinculantes para todas, pero para las demás cuestiones deberá operar el debate y el consenso. En esta línea, consideramos un hecho a naturalizar el que existan divergencias ante cuestiones concretas o no acordadas previamente e incluso que estas se visibilicen de una forma responsable. La pluralidad del espacio es un valor político a cuidar.
  3. Adoptar compromisos firmes con la ciudadanía: La coherencia del espacio político y la confianza que reciba de la ciudadanía en las elecciones municipales y autonómicas está íntimamente ligada a la firmeza de los compromisos adquiridos. El programa acordado debe tener un carácter plenamente vinculante, y los cargos públicos elegidos en dichas candidaturas deben rendir cuenta de sus acciones, suscribir un Código Ético y cumplir estrictamente los compromisos de limitación salarial. Todo miembro electo debe poder ser revocado si incumpliese el programa, el código ético o dichos compromisos.
  4. Abordar las necesidades de la clase trabajadora y el conjunto del pueblo madrileño: Hemos tenido múltiples debates metapolíticos en los últimos años, y consideramos que lo primordial en el actual contexto socioeconómico de salida de la crisis solo para las élites y de imposición de un modelo vital, laboral y ecológico al servicio del Ibex 35, es centrarnos en las necesidades del pueblo y las trabajadoras madrileñas y darles una respuesta solvente. Esto implica construir para ellas, y estar al servicio de ellas.
  5. Un espacio feminista, transformador y ecologista: Consideramos que el feminismo, el ecologismo y la transformación social son consensos amplios entre los agentes políticos de la región. El espacio político y la candidatura resultante deben actuar en consonancia con los principios de la misma.
  6. Rechazar aquellas propuestas que contradicen los principios de consenso básico: La especulación urbanística y los que generen un beneficio exclusivo para las élites económicas son evidentemente contradictorios con esa vocación feminista, ecologista y transformadora. Se hace imprescindible el rechazo a la Operación Chamartín. Añadimos un anexo específico acerca de la misma, por su enorme relevancia política para la región.
  7. Un espacio regional y municipalista: El municipalismo ha sido uno de los grandes puntos de encuentro y de consenso de los últimos años. En él se han concitado miles y miles de personas que querían transformar sus barrios y municipios, desde el trabajo y la acción política cotidiana, y que querían hacerlo en común. La apuesta por una candidatura autonómica unitaria tiene que tener su correlato en los municipios de la región. Las propuestas metodológicas antes expresadas son perfectamente aplicables a la construcción de espacios y candidaturas municipales. Es por eso que entendemos imprescindible presencia del espacio político que constituya la candidatura autonómica en los municipios de la región, incluyendo el Ayuntamiento de Madrid.

 

 

 Anexo
Operación Chamartín

No se podrá construir un espacio colectivo con formaciones que no exijan o inicien la inmediata paralización de la llamada Operación Chamartín (Distrito Castellana Norte).

Se trata del proyecto presentado para el desarrollo del entorno de la estación de Chamartín, que se ha acabado situando muy lejos de nuestra apuesta por un urbanismo participativo, que ponga en el foco de los desarrollos las necesidades sociales y el reequilibrio territorial y el suelo público sea plenamente destinado a intereses colectivos y no a especulativos de una élite económica y financiera. 

La Operación Chamartín se empezó a fraguar en 1993 con la firma del primer contrato por parte del actual titular de la cartera de Exteriores y que entonces ocupaba el Ministerio de Fomento, Josep Borrell, entre Renfe y el Grupo Argentaria. 25 años después se han empezado a conocer detalles del contrato rubricado entre ADIF y Distrito Castellana Norte para la enajenación y posterior desarrollo urbanístico de 1,27 millones de metros cuadrados en la zona norte de Madrid. 

En lo que ha consistido el contrato inicial y sus sucesivas renovaciones es en hacer negocio privado a costa de lo público. Esa ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata. Por eso, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron siempre los grandes olvidados por la derecha en nuestro país.  Y un ejemplo claro es el desarrollo de la Operación Chamartín en la ciudad de Madrid que, si bien nacieron bajo el gobierno del PSOE en 1993, su deriva -siempre buscando el beneficio de los intereses privados- ha ido incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo de los últimos 25 años, se ha triplicado el terreno vendido por parte de Renfe y luego ADIF y se han cambiado varias de las cláusulas clave, la mayoría a favor de BBVA y la constructora San José. En el primer contrato, Renfe –luego Adif– se quedaba con el 53% de los beneficios antes de impuestos, un porcentaje que después bajó al 20% y más tarde se eliminó a cambio de un pago fijo sin convocar un nuevo concurso público. Quizás este es el motivo principal por el que se ha impedido el acceso al expediente y a la documentación asociada a la concesión durante 25 años. 

La publicación por parte de un medio digital (eldiario.es) del borrador de Modificación del Contrato surgido entre ADIF y DCN ha confirmado los peores presagios que se adivinaban para cualquiera al que le preocupe el buen uso del dinero público.

Gracias a esta publicación en un medio de comunicación, hemos tenido acceso a algunos de los documentos que conforman el expediente de la concesión.

El conjunto permite conocer la historia de los acuerdos formalizados entre RENFE (hoy ADIF) y DUCH (hoy DCN) sobre la Operación Chamartín. A través de ellos puede trazarse la evolución del negocio económico de fondo y la relación con las propuestas de ordenación urbanística que se conocen mejor. Tras los innumerables intentos de asociaciones ecologistas, sociales y vecinales por conocer los contratos entre ambas entidades, hemos tenido que conocer por la prensa las oscuras intenciones que esconden esos contratos. Ahora sí sabemos que la evolución de este contrato sobre suelo público ha ido ocultando, con cada renovación, un favor al BBVA en detrimento del interés colectivo.

  • Adif vende a DCN 1,27 millones metros cuadrados a la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito. ADIF financia al consorcio privado la operación de venta de terrenos en “cómodos plazos” de 20 años con un modesto recargo del 3% anual.
  • El importe final que percibir por parte de la empresa pública puede ser inferior si la urbanización de la losa con la que se cubrirán las vías es más costosa de lo inicialmente previsto o si se produjeran costes derivados de tener que abonar a los propietarios originales de los terrenos un importe adicional al que recibieron cuando se les expropiaron para el uso actual. De hecho, la normativa vigente en el momento del nacimiento de este desarrollo urbanístico les reconoce el llamado derecho de reversión que no dudemos que pelearán en los Tribunales y que minoraría lo que finalmente recibiría Adif.

En Izquierda Unida seguimos creyendo en la transparencia, en la gestión colectiva y en la máxima protección de los recursos públicos y naturales. La falta de transparencia en los documentos vinculados al convenio entre ADIF y DCN, el déficit dotacional de los distritos, un proyecto que busca garantizar el máximo beneficio de bancos y constructoras, la ausencia de zonas verdes reales y, sobre todo, el varapalo a la participación ciudadana destrozando el proyecto que colectivamente se había pensado con Madrid Puerta Norte nos obliga a continuar con nuestra firme oposición.

Seguimos apostando por generar un consenso con todos los actores sociales implicados, explorando todas las vías para conseguirlo, rectificando todo lo que sea necesario para atender las demandas de las vecinas y vecinos de Madrid.

Algunas de las medidas que consideramos prioritarias para el replanteamiento de la actual Operación Chamartín pasan por:

  • Reducir la edificabilidad lucrativa, como mínimo desterrando la idea de que las infraestructuras y los suelos protegidos generan derechos virtuales a edificar.
  • Equilibrar el reparto de usos entre residencia y actividad económica en cualquier propuesta de desarrollo urbano para la zona, de manera que el impacto en la movilidad de la ciudad no sea contradictorio con las políticas de reducir el acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas.
  • Aumentar el porcentaje de vivienda protegida en cualquier desarrollo residencial para reflejar el grado de propiedad pública de los terrenos, estableciendo que toda la vivienda será pública y en alquiler.
  • Definir la dotación de equipamientos sociales considerando las necesidades de los barrios del entorno y las previsibles en el futuro, en vez de aplicar los mínimos legales (recortados por el PP en 2012).
  • Establecer la iniciativa pública del planeamiento y la ejecución del desarrollo urbano.