Izquierda Unida insta a la Fiscalía a recurrir la sentencia que exonera a Ana Botella de pagar más de 25 millones de euros por el daño patrimonial causado por la venta de vivienda pública a un fondo buitre

Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS, e Izquierda Unida de la mano Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid, han presentado escrito ante el Fiscal General del Estado para instar a que se recurra la sentencia de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

La sentencia ahora revocada consideraba negligente la conducta de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, miembros de su Junta de Gobierno y directivos de la empresa pública en la venta en 2013 a fondos buitre de inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Se les condenaba a abonar de sus bolsillos hasta 25,8 millones de euros por el daño patrimonial causado al erario público.

Entre los argumentos para justificar la imperiosa necesidad de que Fiscalía recurra se encuentran el no dar oportunidad a los inquilinos de ejercer derechos de tanteo, así como varias irregularidades en el proceso de tasación. También cabe resaltar el hecho de que hubo cuatro empresas que presentaron ofertas de compra de las viviendas antes de anunciar públicamente la venta, demostrando privilegio de acceso a la documentación de la EMVS.

Argumentos recurso sentencia:

  1. Los miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid sí tienen legitimación pasiva en este procedimiento y la Junta General de la EMSV sí tiene la consideración de cuentadante, asumiendo funciones directas de control de la EMVS. En la Junta de Gobierno se ratificó el Plan de Viabilidad de la empresa, explicando el Consejero discrepante que si sus miembros no conocían con detalle la operación, debieron solicitar información al respecto.
  2. No se pidió tasación a una empresa tasadora oficial, sino a una consultora.
  3. Se pidieron cinco ofertas para intermediación y solo una oferta para estimación del precio de la operación, siendo así que debió contarse al menos con tres tasaciones.
  4. La concurrencia estaba viciada desde el origen.
  5. El precio se fijó en los contactos de la empresa intermediaria con los ofertantes, algunos de los cuales tuvieron privilegios en el acceso a la documentación de la EMVS, al punto de que cuatro ofertas se presentaron antes del anuncio público del procedimiento de venta.
  6. No se aprobaron unas instrucciones sobre el procedimiento de enajenación de las viviendas.
  7. Price Waterhouse Coopers contrató tanto con la EMVS como con el adjudicatario en las comprobaciones derivadas de la due diligence: esto debió evitarse en aplicación del principio de transparencia.
  8. En el procedimiento de enajenación de los inmuebles no se cumplieron los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
  9. Había fórmulas alternativas para paliar las pérdidas de explotación de la EMVS, sin necesidad de vender las viviendas.
  10. La función social de la EMVS debió prevalecer antes incluso que adoptar criterios de viabilidad económica, todo ello sin perjuicio de mejorar la eficacia y eficiencia de la sociedad.
  11. En último término, el Ayuntamiento debió proponer y ejecutar una ampliación de capital si hubiese sido necesaria.
  12. La ocupación fue lesiva para los ocupantes de las viviendas por distintos títulos jurídicos, por las siguientes razones:

12.1. Se suprimieron los derechos de tanteo y retracto de los inquilinos por la venta en bloque de las viviendas.

12.2. Quedó sin amparo futuro el régimen de subsidios o de reducciones de rentas de los inquilinos.

12.3. Se impidió con la venta cualquier control público posterior del régimen de protección oficial de estas viviendas.

  1. En cuanto a la venta de 34 viviendas libres y 2 plazas de garaje, no debieron valorarse por debajo del valor catastral. Por esta razón debió declararse un alcance (perjuicio a los fondos públicos) por 1.063.085 euros, siendo responsable Don Fermín Oslé Uranga.
  2. La rebaja de 2.000.000 de euros en el precio final de la operación de venta de los inmuebles de protección oficial genera responsabilidad directa del consejero delegado Don Fermín Oslé Uranga y de la presidenta del Consejo de Administración de la EMVS y miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid Doña María de la Paz González García.
  3. 2.000. 000 de euros deben ser responsables subsidiarios también Doña Ana Botella Serrano, Doña María Concepción Dancausa Treviño, Don José Enrique Núñez Guijarro, Don Diego Sanjuanbenito Bonal, Doña María Dolores Navarro Ruiz y Don Pedro María Corral Corral.

Todos los elementos, que son detallados en el voto particular emitido por el Consejero de Cuentas Don Felipe García Ortiz, dejan claro que es imprescindible que el Ministerio Público actúe en defensa de los intereses generales, de los de los inquilinos de las viviendas enajenadas y del patrimonio público.