IU Madrid rechaza la suspensión de contratos de la Consejería de Educación

En IU Madrid rechazamos la suspensión de contratos administrativos puesta en marcha por la Consejería de Educación amparándose en las medidas tomadas para frenar el avance del Covid-19.

Esta suspensión de los contratos administrativos supone una medida neoliberal, una más de las que nos tienen acostumbrados desde el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, orientada a promover recortes amparándose en la emergencia sanitaria.

La suspensión de contratos permite a las empresas concesionarias de estos servicios públicos justificar los expedientes de regulación de empleo temporal que, en realidad, ya venían preparando desde el mismo día en que se anunció la suspensión de la actividad académica en los centros educativos madrileños. El mismo lunes 9 de marzo, conocimos la noticia de un ERTE en la empresa dedicada a la limpieza de colegios y centros escolares Clece, perteneciente al grupo ACS. Un expediente sin justificación posible, dado que las medidas del gobierno autonómico apuntaban a la suspensión de la actividad académica, pero no al cierre de los centros escolares.

Lejos de promover necesarias medidas destinadas a facilitar la conciliación y mitigar un posible impacto negativo sobre el empleo de los planes de contención de la emergencia, el gobierno autonómico parece pretender que los trabajadores y trabajadoras de estos servicios públicos sean los que paguen las consecuencias de la epidemia de coronavirus.

La línea de acción del gobierno autonómico puede agravar el daño económico de la crisis, promoviendo la contracción de las actividades económicas.

En lo inmediato, reclamamos a la Consejería de Educación y al gobierno autonómico que revierta la orden 824/2020, así como otras medidas encaminadas a la suspensión de contratos administrativos.

Así mismo, exigimos que ponga en marcha medidas efectivas para respetar los derechos laborales del personal de empresas contratadas para proporcionar servicios públicos en la Comunidad de Madrid.

Sin renunciar a nuestra apuesta indiscutible por un modelo de gestión pública real, en lugar del modelo de externalizaciones que permiten a la administración deshacerse de servicios públicos esenciales mediante la suspensión de contratos.