Izquierda Unida Madrid insiste en que continúan siendo necesarias medidas urgentes en las residencias de mayores

La actual crisis sanitaria que estamos padeciendo con la pandemia del Covid-19  junto con la nefasta gestión que la Comunidad de Madrid ha venido aplicando  en su política de recortes y maltrato al sistema de atención residencial, a la red púbica de servicios sociales, así como al sistema de apoyo a la autonomía personal y dependencia, han  contribuido a configurar el peor escenario que podríamos haber imaginado.

Los datos, facilitados por el propio Gobierno Regional, ponen de manifiesto las deficiencias que hemos venido advirtiendo y denunciando tanto en Izquierda Unida Madrid como desde nuestro grupo parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida desde hace semanas a través de reclamaciones de medidas, peticiones de información, cartas al Consejero y a la propia Presidenta. Cuestiones que volvimos a trasladar en la Comisión de Sanidad celebrada el pasado día 14, exigiendo de nuevo la intervención urgente.

Las cifras son contundentes, la Comunidad de Madrid cuenta con 474 residencias para las personas mayores; 25 de gestión pública, 18 de gestión indirecta, 161 concertadas y 270 centros privados. Según los datos oficiales, que comenzaron a facilitarse por primera vez el pasado 10 de abril, sin haberse aportado datos con anterioridad desde que se inició la pandemia, hasta el momento se ha notificado el fallecimiento de 5811 personas diagnosticadas con coronavirus o con sintomatología de la enfermedad, en las residencias de nuestra región. Una cifra que continúa aumentando a medida que se van revelando los datos de situación.

Detrás de estos dramáticos datos se desprenden varias causas:

  1. Falta de recursos tanto materiales como humanos y una política de  privatización del sector durante años por parte del  gobierno autonómico, liderado desde hace dos décadas por el Partido Popular, cediendo la gestión de los centros residenciales y centros de día a empresas constructoras  o fondos de inversión como DomusVi, Clece, Eulen, etcétera, alejadas de todo el interés social,  en las que NO se han exigido cláusulas sociales a la hora de las licitaciones.
  2. Una permanente escasez de plazas que ha saturado las residencias existentes. Desde hace tiempo nuestra organización, así como sindicatos y plataformas profesionales, hemos solicitado el cambio legislativo de ratios, y la necesidad de aumentar la inversión en ampliar las plazas públicas de atención residencial y centros de día.
  3. Una insuficiencia de personal, afectado por una gran precarización laboral de las trabajadoras y trabajadores, en las Residencias y Centros de mayores, (sector feminizado) siendo uno de los sectores con más tasas de temporalidad, bajas de incapacidad por enfermedad, vulneración de derechos laborales muy vinculados a los cambios de horarios en las jornadas laborales y temas de conciliación familiar. Destacar la dejación de funciones por parte de la administración tanto antes de esta crisis como durante, sin prestar la mínima atención a la cantidad de quejas y denuncias de los sindicatos y plataformas de familiares que venían haciendo sobre este tipo de gestión de los cuidados y de la vulneración de los derechos laborales.
  4. Una deficiente dotación de recursos para la prevención de riesgos laborales, que ha conducido a que los profesionales, desde su buen hacer, se hayan visto obligadas a trabajar sin los adecuados equipos de protección individual, EPIS, lo que ha ocasionado que más de 600 de esas profesionales se hayan visto contagiadas y que haya otro tanto de profesionales en una situación de cuarentena sanitaria.

Desde Izquierda Unida Madrid, queremos también reflexionar en cómo se ha señalado de una forma injusta en esta crisis, la atención de los centros residenciales, casi como culpabilizándoles de los fallecimientos  de los y de las residentes. Sin analizar las causas, el contexto y las políticas aplicadas desde hace tiempo por parte  de la administración regional.

Se hace necesario recordar que las residencias de nuestra Comunidad no son centros sanitarios, son centros sociales, por lo que no podemos exigirlas que se aborde la situación sanitaria desde lo social ya que hasta la fecha no existe ni existían recursos sanitarios en estos centros y mucho menos servicios sanitarios y de protección laboral para abordar una crisis de tal magnitud.

La atención sanitaria es un derecho para este colectivo por lo que, si no se puede garantizar desde dichos centros la atención sanitaria -que insistimos que no son centros sanitarios-, le corresponde a la Consejería de Sanidad tomar medidas urgentes para prevenir más muertes. En cualquier caso, las residencias no son, en ningún caso, responsables de la atención sanitaria de sus residentes, ni de las limitaciones y dificultades que actualmente tiene un sistema sanitario desbordado y privatizado.

Esta situación ha sido la que ha ocasionado más fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid que desgraciadamente se ha unido con la saturación de los servicios funerarios, ocasionando que en no pocas ocasiones las personas fallecidas hayan permanecido durante días en los centros con la repercusión a nivel psicológico y emocional tanto para los y las profesionales, para los familiares y para los otros residentes.  Unida con una falta de información y ocultación de datos de forma sistemática por parte de las autoridades competentes ha dibujado un contexto dantesco que nunca pensamos vivir y que solicitaremos que se depuren las responsabilidades pertinentes.

Por todo lo anterior, desde Izquierda Unida Comunidad de Madrid exigimos:

  1. Comisión de investigación sobre la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y medidas adoptadas en esa crisis sanitaria.
  2. Elaboración de una LEY DE RESIDENCIAS ESTATALy AUTONÓMICA que elimine las desigualdades sociales y  se unifique criterios y prestaciones en todo el estado.
  3. Intervención urgentepor parte de las autoridades de todas aquellas residencias  privadas, concertadas y públicas con gestión privada, donde se han detectado un importante número de contagiados y personas fallecidas, para asegurar unos recursos mínimos que garantice un abordaje integral y eficaz de la situación.
  4. Mejora de las condiciones de las trabajadoras y trabajadoresde residencias, tanto en lo referente a incremento de recursos a su disposición, aumento de ratio personal/residentes, y una mejora de horarios y salarios que se corresponda con la importancia y responsabilidad que se ha demostrado que desempeña el sector de cuidados en nuestra sociedad.
  5. Poner fin a las políticas discriminatoriasrealizadas en las residencias, como la orden de no enviar a personas con síntomas de Covid-19 a un hospital.
  6. Implantar medidas de hospitalización y medicalización para las personas residentes  en los propios centros de mayores. Pero para eso es necesario que se puedan dar cuidados hospitalarios dentro de los propios centros residenciales, lo que aliviaría la presión de los centros hospitalarios.  Esto supone un  refuerzo de personal sanitario; y tienen que recibir material, equipos de protección, test…
  7. Destinar los facultativos y otro personal sanitario que desde la Comunidad de Madrid no les están renovando los contratos a los centros de mayores de una forma estable.

Para concluir, queremos señalar que esta crisis sanitaria también supone inevitablemente una crisis en el modelo de cuidados que el sistema capitalista nos ha impuesto. Reflexionar sobre de qué tipo de redes de cuidados para las personas más vulnerables de nuestra sociedad queremos dotarnos, así  como generar otras estrategias que nos encaminen hacia otro tipo de cuidados más humanos, más públicos y más dignos, es una obligación de todas nosotras y nosotros como sociedad.