IU Madrid presenta una batería de alegaciones a la Ley Ómnibus
Para Izquierda Unida de Madrid el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, Ley Ómnibus, es un intento más del PP para regular en favor de los intereses privados y capitales especuladores.
El pasado 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó el Anteproyecto de Ley Ómnibus que afecta a la práctica totalidad de las áreas de gobierno, manteniendo el trámite de Información Pública hasta el 3 de enero. Es decir, el gobierno de Ayuso ha dado tan solo 10 días de publicidad a este documento -en plenas fiestas navideñas y con varios festivos nacionales incluidos- para poder estudiar un proyecto que afectará al futuro de nuestra región de manera radical. Como anunciamos hace unos días, se trata de un nuevo ejercicio de desprecio a las madrileñas y madrileños, y a sus representantes públicos, ya que se quiere tramitar de forma opaca y torticera.
Por eso, desde IU Madrid se han presentado una batería de alegaciones, mostrando su más absoluta preocupación y rechazo con el contenido de este texto normativo, que resultaría muy beneficioso para promotores privados de toda índole, pues modifica 40 leyes en beneficio de intereses de terceros. Este anteproyecto pretende, entre otras cuestiones, la equiparación del VTC con el Taxi (transporte público), favorecer el negocio del juego, facilitar la especulación de suelo y vivienda o la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria sin control parlamentario, alejando el foco de la protección de los colectivos más vulnerables. Lo que encontramos de facto, en línea con los planes del gobierno de Ayuso, es un marco legal para impulsar, mediante todos los instrumentos legislativos a su alcance, la gestión privada.
La diputada de IU en la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo ha explicado que «dentro de la gravedad que supone este atropello, el gobierno regional se ha saltado todos los criterios técnicos y normativos con esta tramitación, pues no puede cambiar tantas leyes sin consulta pública, como tampoco puede modificar una ley dentro de otra ley. Además, el propio ejecutivo madrileño ha ignorado su propio proyecto normativo del pasado 10 de noviembre, en el que no reflejaba estos cambios legislativos. Nos asombra profundamente esta urgencia y que, en menos de un mes, hayan presentado este anteproyecto».
Cabe recordar que, entre las medidas que presenta esta Ley, en su artículo 44, da lugar a la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, un nuevo ente público, con plena capacidad jurídica y de maniobra, que actuará con sometimiento al derecho privado. Con esta medida, el gobierno del PP en la región, crea un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil.
Por otra parte, y amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público, nace otro importante frente de lucha para las organizaciones que defendemos de la Sanidad Pública, ya que la creación de esta agencia permitirá la contratación centralizada de cualquier suministro, bien o servicio que la Comunidad de Madrid considere que debe ser centralizado y, para ello, se refiere en todo momento a «la Consejería competente en materia de Sanidad» y al «Servicio Madrileño de Salud, u organismo para la gestión de la asistencia sanitaria que le sustituya».
Entre los fines y funciones de esta nueva agencia, el anteproyecto de ley incluye diversas referencias a la agilización de compras en situaciones de emergencia, como la que aun vivimos. Aun llegando tarde, llega a la vez que otras medidas suficientemente abiertas como para dar amparo legal a privatizaciones de la asistencia sanitaria que pueden culminar el proceso de acoso y derribo contra la sanidad madrileña que vienen perpetrando, desde hace décadas, los sucesivos gobiernos del PP.
Por último, IU Madrid ha expresado su indignación ante el «enésimo chiringuito del PP, cuyas consecuencias pueden ser muy similares al intento de privatización del Canal de Isabel II que conllevó el enésimo caso de corrupción política del Partido Popular: el caso Lezo».
Desde Izquierda Unida Madrid esperamos que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas y se frene esta escalada privatizadora.
