Nuevo ataque de Ayuso al sector del taxi
En diciembre de 2021, se presentó en la Asamblea de Madrid el “Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid”, también conocida como Ley Ómnibus. Su tramitación se realizó por vía de urgencia, lo que redujo a siete días hábiles la presentación de alegaciones.
Desde Izquierda Unida Madrid mostramos desde el primer momento nuestro firme rechazo a la misma, por lo perjudicial que resulta para la vida de las y los madrileños en aspectos tan importantes como la Sanidad Pública madrileña.
En su Titulo IV (Ordenación de los Transportes Urbanos y de las Carreteras), capitulo III (Transportes de Viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor), encontramos una serie de medidas que, lejos de garantizar el uso público de este tipo de transporte en base a lo que marca la ley y los acuerdos alcanzados durante años, ayuda y promueve su desregularización y privatización y, por ende, fomenta el uso de las empresas de VTC ( Uber, Cabify, Bolt,…) facilitando que estas multinacionales puedan imponer sus propias reglas de libre mercado, y en claro agravio comparativo con el sector del taxi (transporte público), que cuenta con mas de 100 años de servicio regulado por las administraciones.
La Ley Omnibús perjudica claramente a quien trabaja en el sector del taxi, ya que pretende equiparar todos los requisitos necesarios para ser taxista en la Comunidad de Madrid, como permisos específicos, exámenes, licencias… con una simple autorización y unas mínimas advertencias poco concretas.
Esta ley facilita también que las multinacionales puedan usurpar los servicios públicos y hacerse con el control de un sector estratégico, como la movilidad.
De todo esto nos quieren hacer cómplices quienes gobiernan la Comunidad de Madrid, a través de una ley donde manifiestamente se va a precarizar aún más el empleo; de cara al trabajador «olvidan» resaltar las largas jornadas y bajos sueldos impuestas por parte de las empresas propietarias de las flotas de VTC.
La forma en que esta ley afectará a los usuarios y usuarias es evidente, ya que no detalla de manera específica las tarifas de servicio a aplicar, aprovechando del uso de aplicaciones, y sus algoritmos, para obtener mayores beneficios económicos. Mientras el taxi maneja términos tarifarios fijos (bajada de bandera o kilómetro recorrido), el vehículo VTC es libre de establecer las tarifas de manera arbitraria.
La propuesta del Partido Popular y su presidenta en la región, Isabel Díaz Ayuso es, de nuevo, claramente privatizadora, fomenta la desigualdad y facilita la desaparición de un sector público tan importante como el del taxi, a través de una especie de OPA hostil disfrazada de Ley.
Un sector, del que no debemos olvidar, que estuvo al pie del cañón en plena pandemia (prestando servicio gratuito a personal sanitario y no sanitario, así como a otros trabajadores esenciales). A los taxistas les movía, mayormente, el sentido de servicio público y no el afán recaudatorio y oportunismo de estas empresas, que no dudaron en poner en riesgo a sus propios trabajadores en pro del beneficio económico.
Ayuso ha apoyado recientemente al sector del VTC con declaraciones de preocupación por sus familias. Desde IU Madrid siempre defenderemos a la clase trabajadora y unas condiciones laborales dignas, por eso exigimos que la presidenta no disfrace la realidad. Lo que necesitamos las madrileñas y madrileños es que esté por una vez a la altura de las circunstancias, que no legisle contra la ciudadanía, no fomente desigualdades, no favorezca la usurpación de competencias y, sobre todo, garantice una vida digna para quienes vivimos en la Comunidad de Madrid. Eso sí ayudaría.
